La ley de interés preferencial cumple este año 40 años de su creación. Este año también se discute, por tercera vez desde 2013, la actualización de esta ley, cuyo origen tiene como objetivos, “estimular la demanda por vivienda en todos los sectores con el usual argumento de que esto contribuye al PIB, al empleo y [que] tiene connotaciones innegables de ‘bienestar social”, de acuerdo con lo que describe Marco Fernández en la publicación Políticas de desarrollo productivo en Panamá: autodescubrimiento y fallas de coordinación, (BID, 2011).
