La construcción de los planes de ordenamiento no incorpora dentro de los mismos, el análisis y regulación de los efectos de subsidios como el del bono solidario o de la ley de intereses preferenciales. Esta falta de espacios se ejemplifica claramente en el hecho de que los Municipios, principal autoridad urbanística del territorio, no tiene dentro de sus competencias, la de regular la política de vivienda. ¿Cómo puede considerarse entonces que el Municipio puede regular y ordenar el territorio, si no tiene una injerencia clara sobre los subsidios que se otorgan y que son un aspecto central en la forma en que han crecido nuestras ciudades?
